Santo Domingo – Aunque la Junta Central Electoral (JCE) reconoció el partido de Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo, de esta mantener los criterios que le llevaron a rechazarle la candidatura presidencial en el año 2020, en estas elecciones del 2024 tampoco tendría posibilidades de presentarse.
El tema adquiere relevancia tras la JCE otorgarle reconocimiento al Partido Esperanza Democrática (PED), en el que figura Domínguez Trujillo como fundador.
Ramfis, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, ha hecho presencia parcial en el escenario político en los últimos años y el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) intentó presentarle como candidato presidencial.
La JCE rechazó la propuesta tras no comprobarse que Trujillo renunciara a la nacionalidad norteamericana la cual obtiene por nacimiento ni que residiera en el país en los últimos diez años a su presentación como candidato, todos estos, requisitos constitucionales.
En un comunicado la JCE en 2020 indica que “la documentación que soporta la propuesta de la candidatura evidenció que Domínguez Trujillo, nació el 22 de mayo de 1970, en Manhattan, New York, Estados Unidos de América, e hizo la transcripción de su acta originaria de nacimiento por ante el Registro Civil Dominicano en fecha 18 de mayo de 201 6, luego de lo cual en fecha 23 de mayo de 2016, obtuvo su cédula de identidad y electoral”.
Establecía además que, para determinar el punto de partida legal para fines de establecer la residencia en el país, lo correcto es asumir la fecha de expedición de su cédula de identidad y electoral, como punto de partida de la asunción de la nacionalidad dominicana por origen que, como señalamos anteriormente, fue el 23 de mayo de 2016, lo que evidencia que todavía no llega a los diez años”.
De mantenerse este criterio, una eventual candidatura presidencial de Ramfis, solo se aceptaría en procesos posteriores al año 2026.
Las críticas en torno a una figura de poco impacto en las mediciones electorales se suscitan por sus antecedentes familiares.
Los crímenes cometidos por la familia del dictador en poco más de treinta años de gobierno provocaron la promulgación de una Ley 5880 (del tres de mayo del año 1962), que penaliza a todo aquel que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen, considerándolos como autor de delito contra la paz y la seguridad pública.
La República Dominicana ha asumido una actitud frontal y combativa contra la promoción de la tiranía trujillista por lo que significó para el país y como referente para impedir suceda algo similar en el futuro.
